De conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 307-2023 publicado en el Diario de Centroamérica el 19 de diciembre de 2023, se establece el salario mínimo que regirá a partir del uno de enero de 2024.

Para todos los patronos que tienen personal contratado de manera temporal o permanente, deben considerar que este cambio en el salario mínimo vigente a partir del 01 de enero de 2024, afecta las prestaciones laborales del trabajador; en virtud que, por ejemplo para efectos del Aguinaldo y Bono 14 el cálculo se debe considerar los salarios devengados durante el año 2023 y el año 2024, de tal manera el valor a pagar en estas prestaciones será el promedio a los salarios devengados, durante el año a liquidar.

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Esta Resolución indica que quienes cumplan con esta condición deberán iniciar con la emisión de Documentos Tributarios Electrónicos  (DTE) a más tardar el 01 de Julio de 2022, debiendo para el efecto iniciar con las disposiciones establecidas en el Acuerdo Número 13-2018 del Directorio de la Superintendencia.

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Siete de julio de dos mil veintiuno la Corte de Constitucionalidad,  con base en lo considerado y leyes citadas dentro del expediente 2503-2021, resuelve: I) Por disposiciones del artículo 156 de la Ley de Amparo, exhibición Personal y de Constitucionalidad y conforme lo asentado en el artículo 1º. Del Acuerdo 3-2021 de esta Corte de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno. (…) de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo 3-89 de la Corte de Constitucionalidad III) Se decreta la suspensión provisional del apartado “Detalle de proveedores locales (Crédito Fiscal) del cuadro 5 y 6” contenido en el formulario SAT-2237 “IVA GENERAL – Impuesto al Valor Agregado. Régimen General. Contribuyentes que realizan operaciones locales, de exportación y/o transferencia. Declaración jurada y pago mensual” de la Superintendencia de Administración Tributaria. IV) Se concede audiencia por quince días comunes a: i. Superintendencia de Administración Tributaria y ii. Ministerio Público, por medio de la fiscalía de asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal. (…)

Con fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia de la Corte de Constitucionalidad contenida en el expediente 1968-2020; relacionado con la acción de inconstitucionalidad planteada objetando el artículo 12, inciso f), específicamente la frase: “Trámites administrativos o judiciales en general”, del Decreto 121-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Arbitrio de Ornato Municipal.

SENTENCIA: . III. Con lugar el planteamiento de inconstitucionalidad general parcial promovido por Najman Alexander Aizenstatd Leistenschneider, Juan Pablo Gramajo Castro y Juan Francisco Solorzano Foppa. IV. Se declara inconstitucional el segmento “Trámites administrativos o judiciales en general”, contenido en el artículo 12, inciso f), del Decreto 121-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Arbitrio de Ornato Municipal. V. Como consecuencia, el precepto aludido en el segmento anterior queda expulsado del ordenamiento jurídico guatemalteco a partir del día siguiente de la publicación de este fallo en el Diario Oficial.

Con este fallo se debe considerar que solamente se declaró inconstitucional el inciso f) del artículo 12 de la Ley, los demás incisos del a) al e) no pierden vigencia.

ARTICULO 12. (Obligación de presentar constancia)

Es obligatorio para los contribuyentes presentar la constancia del pago del boleto de ornato en los siguientes casos:

a) Tomar de posesión de cargos o empleos públicos, debiendo consignarse en el acta respectiva el cumplimiento de tal obligación.

b) Obtención de cédula de vecindad, matrimonios, inscripción de extranjeros residentes y registro de títulos y cualquier otro trámite municipal que requiere tal obligación.

c) Obtención de pasaporte;

d) Obtención de placas de circulación o calcomanías de vehículos automotores, cuando éstos pertenezcan a personas individuales;

e) Obtención o renovación de licencias de conducir vehículos automotores; f) Trámites administrativos o judiciales en general.

El 01 de junio de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de Centroamérica el Decreto 5-2021 que contiene la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos; dentro de sus considerandos podemos mencionar uno de los más importantes y que le da el ser a esta ley: “Que es imperativo promover acciones integrales en favor de la optimización de los recursos del Estado; impulsar la agilización, desconcentración y digitalización de los procedimientos en la atención a la población guatemalteca en su condición de usuarios de la administración pública, atendiendo a los principios de celeridad, eficacia y sencillez; de tal manera que el cumplimiento de las regulaciones y la concreción de los tramites, sea un efectivo coadyuvante al desarrollo general del país.

Presentamos a continuación parte del contenido de Ley, la cual consideramos son unos de los artículos más importantes y que nos muestra el respaldo legal para exigir ante la administración pública la atención de nuestros requerimientos como usuarios y ciudadanos:

CAPITULO II

NORMAS COMUNES EN MATERIA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS

Artículo 5. Legalidad. En la gestión de trámites administrativos, las dependencias únicamente podrán exigir el cumplimiento de requisitos establecidos de forma expresa en ley o Acuerdo Gubernativo.

Artículo 6. Derechos de los usuarios. Sin perjuicio de los demás derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados internacionales y demás leyes, los usuarios en la gestión de trámites administrativos tienen los siguientes derechos:

1. A ser informados de manera veraz y oportuna sobre el estado, situación y avances del trámite administrativo que han solicitado, no importando la etapa en que se encuentre.

2. A abstenerse de presentar documentos o cumplir con requisitos que no hayan sido establecidos previamente en la ley o acuerdo gubernativo aplicable.

3. A que la información o documentación presentada en el marco de la gestión de un trámite administrativo no sea requerida nuevamente por la misma dependencia con el objeto de atender ese mismo trámite.

4 A delegar la gestión de un trámite administrativo, salvo cuando la presencia del interesado sea requerida según la ley y/o reglamento aplicable.

5. A no estar restringidos en cuanto al número de trámites que pueden realizar simultáneamente.

6. A exigir el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.

Artículo 7. Atención al público. Las dependencias deberán atender a todos los usuarios que ingresen a sus oficinas de atención al público antes del horario de cierre de atención, sin perjuicio de la implementaci6n de horarios especiales de atención al público. Las dependencias no podrán establecer horarios reducidos o limitados para la entrega y/o recepción de expedientes. Los ministerios del Organismo Ejecutivo por si mismos o en coordinación entre ellos, deberán facilitar el acceso a trámites en forma física o electrónica. Estableciendo oficinas de atenci6n al público en el interior de la Republica. Las oficinas deberán contar con mecanismos de atención para las personas que no puedan utilizar medios electrónicos o no cuenten con acceso a internet. En CF Integrales estamos en constante actualización de lo que sucede en nuestro país en temas legales que tengan relación con Gestiones Administrativas ante la Administración Pública, Fiscales, Laborales, Mercantiles, etc. Contáctanos: 79452200

Dichas entidades están exentas de las obligaciones sustanciales que en cada ley se establecen; sin embargo, deben de cumplir con las obligaciones formales debiendo estar inscritas como sujetos pasivos de la obligación tributaria, aunque no precisamente paguen impuestos.

Dentro de las obligaciones principales a las que están sujetas las referidas entidades, se mencionan: a) Llevar contabilidad completa, debiendo habilitar sus libros tanto del IVA como los contables ante la Superintendencia de Administración Tributaria; b) realizar retenciones del Impuesto Sobre la Renta, cuando corresponda; c) emitir facturas especiales en los casos que amerite; d) dar aviso a la Administración Tributaria de todo cambio o modificación a sus registros; e) realizar la presentación de sus declaraciones de conformidad con el régimen elegido.

En CF Integrales Somos consultores de alto nivel con experiencia en negocios, finanzas, auditoría, contabilidad, costos, presupuestos, impuestos, defensa fiscal y asuntos legales. Brindamos asesoría profesional para impulsar negocios exitosos con énfasis en solución de problemas. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 79452200 o a través de nuestras redes sociales.

Lic. Walter Fidel Morales Ramírez Consultor Tributario

Te presentamos un resumen del sustento legal para el cumplimiento de esta obligación:

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en su artículo 97 que: “El Estado, municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico.  Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su depredación”.

Decreto número 68-86 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Artículo 8. Establece que: Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Acuerdo Gubernativo 317-2019 Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Articulo 41 Proceso de Regulación. Se otorga hasta el dieciséis (16) de Diciembre de dos mil veintidós (2022), a los proyectos, obras, industria o actividades ya existentes, que no hayan cumplido con lo estipulado en el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Numero 68-86 del Congreso de la Republica, para que acudan al MARN a presentar el instrumento ambiental correctivo correspondiente, toda vez que los proyectos, obras, industrias o actividades a las que se refiere el presente artículo no tenga una denuncia, se haya resuelto el proceso incidental y en el caso que la presentación sea voluntaria al MARN durante el plaza previamente citado se impondrá una multa de cinco mil quetzales (Q. 5,000.00), sin importar la categoría a la que pertenezca.Acuerdo Ministerial Número 264-2019 Listado Taxativo de Proyectos. Obras, Industrias o Actividades. Este con la finalidad de crear la base técnico-descriptiva para categorizar los instrumentos ambientales predictivos y/o correctivos.

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Descarga aquí las normativas relacionadas:

Ing. Gustavo Casasola, Lic. Walter Morales

En CF Integrales contamos con un equipo de profesionales especializado en impuestos, nuestra experiencia nos permite evaluar y proponer soluciones prácticas para todo tipo de empresas.

En el caso que la omisión correspondiera al Impuesto al Valor Agregado, Retenciones del Impuesto Sobre la Renta o Retenciones del Impuesto al Valor Agregado, la multa puede ser hasta del 100% del impuesto omitido.

Emite inconvenientes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; en CF Integrales le asesoramos para solventar su situación ante la Administración Tributaria.